Desacuerdos en la tipificación del delito de violencia de género

El desacuerdo no mata pero deja morir

Los sistemas democráticos, en esencia, son procedimientos, procedimientos en sentido amplio: métodos para la elección de los gobernantes, fórmulas para la gestión de la sanidad, sistemas para asegurar la educación y formación de sus integrantes, ordenanzas para el tráfico, formularios para la obtención de ayudas… Y expedientes, claro, para quienes no respeten esa manera civilizada de organizarse de que se ha dotado a sí misma esa sociedad.

Esos procedimientos pueden llegar a ser muy diversos de unas sociedades a otras, pero normalmente, aunque discutidos, son los adoptados y aceptados por la mayoría de los miembros de esa sociedad. Si una buena parte de la ciudadanía se manifiesta contraria, suelen ser contestados e, incluso, derrocados.

El primer paso para la erradicación de un problema es el reconocimiento de su existencia y la elaboración posterior de un diagnóstico. No se puede sanar aquello que no se considera enfermo. No se puede luchar contra algo que no constituye un problema. En el diagnóstico, es fundamental seguir un procedimiento, un protocolo. Y cuanto más universales sean sus bases, más universales serán sus resultados.

Es decir, el consenso es fundamental porque se basa en acuerdos. Por ejemplo, en diciembre de 2004, y con un Parlamento español mayoritariamente socialista, se aprobó en España la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta ley estableció, en su artículo primero, que violencia de género es aquélla que «como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia». Descartada, pues, para la aplicación de esta ley, la violencia procedente de desconocidos, aunque esté motivada por idénticas razones.

Las causas de lo que esta ley llama 'violencia de género', aunque en esencia son las mismas que las de otras violencias contra la mujer, se producen en contextos distintos, de modo que las medidas preventivas deben ser otras. El hombre que vilipendia y maltrata a su pareja (cientos), el hombre que no respeta la negativa de una mujer a mantener relaciones (Nagore Laffage, entre muchas), o directamente viola a una desconocida (cientos, o miles, o más) actúan así porque consideran inferior a la mujer, creen que debe estar a su servicio, que la pueden obligar. Es más, se diría que, en la escala de valores de algunos hombres, están obligados a obligar.

Pero uno actúa contra la mujer a la que dice amar y con quien mantiene una relación, mientras que el otro actúa contra una mujer cualquiera, aunque responda a unas características parecidas. Hay hombres que violan a prostitutas, o a mujeres jóvenes, o a las de las inmediaciones de su domicilio. «Se codicia lo que se conoce», dice Hannibal Lecter, el personaje a quien da vida Anthony Hopkins en 'El silencio de los corderos'.

Por eso, porque las circunstancias de uno y otro son tan distintas, sorprende que la dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de Género del Gobierno vasco considere «violencia de género toda aquella que se inflige contra la mujer por el hecho de serlo». Esa oficina no está sola en esa consideración: ahí la respaldan algunos colectivos feministas, que paradójicamente quizá no respalden ninguna otra de sus actuaciones. Pero no el Ministerio de Igualdad, creado por Zapatero en 2008, un año antes de que el lehendakari -del mismo partido- creara la dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de Género del Gobierno vasco. Por cierto, el año pasado, Miguel Lorente, el delegado del Gobierno -central, en este caso- para la Violencia de Género, adscrito al Ministerio de Igualdad, nos convocó a una decena de periodistas a una reunión con el fin de hacer un seguimiento del tratamiento que se da al problema en los medios de comunicación. Una de las representantes del Ministerio, de modo muy enfático, nos advirtió de que «las únicas estadísticas oficiales sobre violencia de género son las del Ministerio de Igualdad». El dato no es baladí, porque, dependiendo de la fuente, podemos obtener cifras muy dispares. Por ejemplo, si en este momento consultamos las estadísticas del servicio creado por el Gobierno vasco, encontraremos que supera a la base del Ministerio, a la que añade nuevos casos: dos mujeres que perdieron la vida a manos de sus hijos en Barakaldo y Lasarte, una indigente acuchillada supuestamente por un compañero de chabola en Tolosa, y Amelia Amaya, que murió de una brutal paliza propinada presuntamente por su compañero sentimental en su domicilio de Bilbao. Las estadísticas del Ministerio (las oficiales) recogen solamente este último caso.

Lo menos que se puede exigir a dos gobiernos del mismo país, presididos ambos por líderes del mismo partido político, es que se pongan de acuerdo en cuestiones tan delicadas como las agresiones a las mujeres porque, si no hay acuerdo, los diagnósticos para el mismo mal serán distintos y el tratamiento, también. Una sociedad en la que a día de hoy han muerto (según el Ministerio) 47 mujeres no puede permitirse disensos tan hondos entre quienes la gobiernan. Una ley integral, como la de 2004, que define con minuciosidad el delito denominado violencia de género, es de rango muy superior a las consideraciones de cualquier servicio de circunscripción autonómica. Y en el que creó Patxi López deberían saberlo, y aceptarlo. Y si no, que eleven al Parlamento español una reforma de la ley integral. Pero, a día de hoy, nada se sabe de semejante iniciativa.

Publicado en El Correo, 15/09/2001.